La ley de eutanasia en España, aprobada en marzo de 2021, marca un hito al permitir a personas mayores de edad y con sufrimiento físico o psíquico grave causado por enfermedad incurable solicitar ayuda para morir. La legislación establece dos modalidades: eutanasia activa, donde el profesional administra los medicamentos, y suicidio asistido, donde se proporcionan los medios para la autoadministración. Para solicitarla, el paciente presenta una solicitud escrita firmada por él y dos testigos al médico responsable. Este informa sobre alternativas como cuidados paliativos. Tras la evaluación médica, la solicitud pasa a una comisión que emite un informe en 10 días. Si se aprueba, el médico realiza la eutanasia o provee los medios. En los primeros 12 meses, se realizaron 180 eutanasias en España, destacando Cataluña (122). La edad media fue 76 años, y la mayoría tenía enfermedades terminales. La ley generó debate; defensores del derecho a morir dignamente la celebraron, mientras críticos, incluyendo algunos profesionales sanitarios, la cuestionaron por posibles abusos y falta de recursos para cuidados paliativos. Aspectos controvertidos incluyen la subjetividad de la definición de “sufrimiento grave e intolerable” y la preocupación de que pueda usarse para presionar a las personas. También se critica la falta de recursos para cuidados paliativos, considerados una alternativa que puede permitir a las personas vivir sus últimos días con dignidad y sin sufrimiento. La ley sigue siendo objeto de análisis y revisión, ya que la sociedad y los profesionales de la salud evalúan su impacto y buscan encontrar un equilibrio entre el derecho a elegir morir y la necesidad de garantizar un acceso adecuado a cuidados paliativos. |
